Siempre tengo la tentación de pensar que el Estado de un país debería llevarse como una empresa, pero luego recuerdo que el objetivo no es tener lucro sino ser eficiente. Y digo bien, ser eficiente.
Tengo el honor de llevarme muy bien con Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, hemos quedado varios días y siempre es lo que dirían en inglés una conversación “eye-opening”. Cuando llega la hora de ir a mi siguiente reunión, me arrepiento de no haber agendado algunos minutos más.
Pablo se dedica a conseguir que tu donación tenga el máximo impacto, es decir, tú le das un euro y él hace que llegue a los más débiles de la forma más coste-efectiva, eligiendo aquellos proyectos que consiguen ayudar más con ese mismo euro.
¿No debería el Estado aprender de esto? ¿No debería el Estado preguntar a los ciudadanos a quienes desean ayudar y actuar en ese sentido? ¿No es eso la maldita democracia desde que Solón y Clístenes recibieron ese “encargo”?
Tienen la tecnología para saber qué quiere el ciudadano. ¿Es tan difícil hacer de esta manera el presupuesto ciudadano?
Todos aceptaríamos mejor los 400 millones de euros del Ministerio de Igualdad si no vinieran de un enrevesado pacto, y cuando digo “todos” me refiero a que este cabreo produce violencia en el medio plazo. Creo también que todos aceptaríamos una política migratoria consensuada y no la vergüenza de esos niños esperando en el mediterráneo la foto de este u otro Presidente. La foto o el silencio. Todos aceptaríamos cuánto queremos en educación, sanidad o en cultura, si partiéramos de la base de que las necesidades y las soluciones para el ciudadano son eficientes.
Alejandro de León